Augusto Pinochet, dictador condenado por la historia y la opinión pública mundial

 El ex dictador que asoló Chile durante 17 años con un poder omnímodo, no está más en el mundo de los vivos. Como la mortaja no tiene bolsillos, se fue sin los millones de dólares robados y, sobre todo, partió sin la aprobación ni piedad de los chilenos.

por: EMILIO MARÍN

 Muchas personas que a lo largo de su vida no han sido precisamente buenos tipos suelen gozar del beneficio de la piedad del próximo cuando expiran. Lástima, consideración o falta de memoria, en ese momento postrero los demás no enfatizan en los peores recuerdos.

Pero con Augusto Pinochet Ugarte, el déspota trasandino que gobernó con mano de hierro Chile entre 1973 y 1990, no ocurre eso llego el día del balance global. Murió el domingo 10 y tanto en su país como en el mundo la mayoría dijo o pensó para sus adentros, “por fin, uno menos”.

Siendo esa la corriente abrumadoramente mayoritaria, no quita que una minoría rabiosa lo haya llorado en la puerta del Hospital Militar y luego le haya rendido homenaje en la Escuela Militar. Eso, lejos de disimular la orfandad política del occiso, la realzó en punta de pies. En verdad éste venía remando en soledad hace tiempo, desde que perdió su último peldaño del poder, en 2001, cuando renunció a la banca de senador vitalicio. Ese fuero lo había preservado de muchos procesos pero no del escarnio de estar 503 días detenido en Londres a petición del juez español Baltasar Garzón, que demandaba su extradición por genocidio y torturas.

Por eso el certificado de defunción de “Pinocho” dirá que murió el 10 de diciembre por un infarto de miocardio. Pero la verdad es que empezó a morir el 5 de octubre de 1998, cuando en su amada Londres, a la que tanto sirvió contra Argentina durante la guerra de Malvinas, quedó detenido por 79 desapariciones, entre ellas las de españoles desaparecidos en Chile y chilenos desaparecidos en Argentina.

Después de 18 meses pudo regresar a su país, gracias a las colaboraciones del gobierno chileno de la Concertación Democrática (democristianos y socialistas) presidido por Eduardo Frei, del propio gobierno y justicia españoles, y de Anthony Blair, otro socialista a la violeta, particularmente de su ministro de Interior, el medroso Jack Straw.

Pero ese retorno no tuvo nada de triunfal, más allá del detalle de que el supuestamente “demente senil” pudiera incorporarse de su silla de ruedas y caminara por sus propios medios en el aeropuerto santiaguino. Un gesto para la tribuna, como el de esos boxeadores que han sufrido una piña tremenda y sonríen para el jurado como diciendo que no les dolió, pero están conmocionados. El dictador que volvía de Londres en marzo de 2000 estaba terminado políticamente. Y confirmando ese dictamen de la historia, le llovieron varios juicios dentro de Chile por violaciones a los derechos humanos, por la “Caravana de la Muerte”, la “Operación Albania”, “el Plan Cóndor” y otros delitos de lesa humanidad.

Parafraseando a Osvaldo Soriano se pudo decir de él, “Triste, Solitario y Final”.  

Las gambetas

Con semejante prontuario, parece mentira que ese delincuente haya podido llegar a los 91 años, viviendo en su mansión de Dehesa y morir por un problema del corazón en el Hospital Militar. Un detalle del velorio revela el porqué de esa impunidad en tribunales. Es que se le rindieron honores militares correspondientes a un ex comandante en jefe, invocando los reglamentos militares. Esa fue la orden de la presidente Michelle Bachelet dada a conocer por el vocero Ricardo Lagos Weber, hijo del ex mandatario que culminó su mandato el año pasado.

Semejante genuflexión ante el sátrapa muerto y los oficiales pinochetistas que siguen ocupando altas posiciones en el arma, entre ellas el jefe de la institución, general Oscar Izurieta, dan la clave de porqué la justicia nunca pudo poner entre rejas al reo de centenares de causas pese a la montaña de pruebas en su contra. La Concertación le ayudó a gambetear a la justicia.

Cabe recordar que Pinochet llegó al Palacio de la Moneda no sólo montado en el aparato militar de 1973 y el apoyo del Departamento de Estado norteamericano a cargo de Henry Kissinger. Partidos como el Democristiano de Frei (padre) y Patricio Aylwin, dieron su cobertura al golpismo. Y más aún, cuando la dictadura se resquebrajó y cedió su paso a la democracia, bien que vigilada, en 1990, pactó con el viejo dictador una “transición” con sabor a impunidad.

Una de esas condiciones era que el general seguía con las riendas del Ejército en sus manos ensangrentadas, lo que sucedió hasta 1998, cuando lo designaron como “comandante en jefe benemérito”. Y luego asumió como “senador vitalicio”, creación monstruosa de la constitución reformada por la dictadura.

Aylwin y su sucesor Frei (hijo) respetaron a rajatabla lo convenido con el ex dictador. Incluso lo hizo el socialista Lagos, quien sobre el final de su mandato logró reformar ese aspecto más aberrante de las senadurías. Pero tanto él como su sucesora Bachelet han mantenido las líneas maestras del viejo pacto, invocando la “reconciliación nacional” y la “mirada hacia el futuro”.

Esa malla protectora explica que en Chile haya sólo diez ex represores detenidos. ¿Acaso 17 años de una dictadura feroz se mantuvieron en base a diez asesinos?

Según el reporte de la Comisión Rettig, de 1991, durante el pinochetismo hubo 3.197 desaparecidos y asesinados, más 28.000 prisioneros que sufrieron torturas. Los organismos de derechos humanos trasandinos tienen estadísticas más anchas, sobre todo en materia de presos, pues sostienen que hasta 300.000 personas pasaron por las prisiones de la dictadura. ¿Y sólo 10 condenados? 

A no reírse

Más de un argentino puede caer en la tentación de comparar la situación de los represores de uno y otro lado de los Andes y sacar como conclusión que en Argentina las cosas son mejores.

Esa opinión es válida sólo en un aspecto. Aquí hubo juicio a los ex comandantes, borrado de hecho por los indultos menemistas. Y generó, como compensación, la impunidad para el grueso de los genocidas: las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Entre 1983 y 2003 rigió básicamente la impunidad para la lista de 1.357 represores inventariada pero no publicada por la Conadep, salvo para delitos como el robo de menores. Recién en agosto de 2003 se anularon aquellas dos leyes y se reabrieron las causas más importantes, entre ellas las de la Esma y el Primer Cuerpo de Ejército.

En nuestro país hay aproximadamente un millar de causas en trámite y unos 230 ex oficiales detenidos, aunque la mayoría en arresto domiciliario. En estos aspectos la comparación relativa favorece a Argentina.

Pero no hay que sobredimensionar las cosas ni reírse del retraso chileno. El genocida mayor, ex general Jorge R. Videla, tiene 81 años y aunque está bajo arresto domiciliario desde 1998, aún no ha ido a juicio. Emilio E. Massera, Luciano B. Menéndez, Antonio D. Bussi, etc, tampoco han sido sentados ante la justicia para escuchar un dictamen de reclusión perpetua por genocidio como el recibido por el ex comisario Miguel Etchecolatz. O la justicia argentina se pone las pilas de una buena vez, o Videla puede terminar como su amigo “Pinocho”: muerto sin condena legal, simplemente de viejo o enfermo.

Volviendo al chacal chileno, está archi probado que su régimen tuvo inspiración política estadounidense y de las minorías oligárquicas. Ya se dijo cuántas víctimas hubo entre ultimados y desaparecidos, pues también allí funcionaron los “vuelos de la muerte”. Es que su dictadura y las del resto del Cono Sur pusieron en práctica el “Plan Cóndor” de coordinación represiva regional, con la complicidad de Kissinger, la CIA y los instructores de la “Escuela de las Américas”.

Además de derramar tanta sangre para que las multinacionales hicieran sus negocios, Pinochet fue un ladrón. Quedó probado que había abierto cuentas secretas en el Banco Riggs de EE UU donde acumuló 27 millones de dólares mal habidos. El último descubrimiento fue que en una entidad bancaria de Hong Kong tenía 9.500 kilos de lingotes de oro, equivalentes a 160 millones de dólares.