El Diario de La Prensa, de Nicaragua, también se montó este domingo en el carro de la más reciente campaña satanizadora contra Cuba: las supuestas medidas del gobierno de la Isla para reforzar el control de Internet. Oyó campana, e hizo sonar las suyas. Según el periodista, salvo en la Isla, “comunicarse, informarse y educarse son actividades que ahora están al alcance de cualquier grupo, de cualquier persona que pueda comprar una computadora y abonarse a los servicios de información, o aprovechar la diseminación de los pequeños negocios que ofrecen la conexión ocasional a precios razonables, y los llamados kioscos tecnológicos que pueden instalarse hasta en los lugares más alejados de los principales centros urbanos de la nación.”

Es fácil imaginar la expresión de un lector nicaragüense con un mínimo de sentido común: ¿de qué habla ese señor, si en el país centroamericano apenas el 0,04 por ciento de su población accede a la red de redes?

Lo extraordinario es que, en la guerra mediática que marcha en función de los prejuicios y se enajena de la realidades, pocos se detienen un instante a contrastar las informaciones.  No solo con las realidad de sus propios países –salvo Estados Unidos, ¿qué otra nación del mundo puede hablar de acceso masivo a la Internet?-, sino con lo que realmente ha acontecido en Cuba desde que en 1994 el Departamento del Tesoro norteamericano, por real decreto, aceptó autorizar a la isla caribeña el acceso a los servidores norteamericanos, con un condicionamiento político, en el contexto de la Ley Torricelli: ayudaría a “democratizar” la sociedad cubana. Ese acceso, además de tardío, ha sido lento y altamente costoso, y no por voluntad de los cubanos que estaban preparados desde la década del 80 para dar grandes saltos en la computación y la interconexión a redes.

Tener en cuenta este elemento es clave para entender lo acontecido en la Isla en torno a este tema, a pesar de los duros años de Período Especial y de recrudecimiento oportunista del bloqueo norteamericano. Supondría reconocer que en al memoria social del profesional cubano, la red de redes es un suceso con muy corta edad. Como ha pasado en otras sociedades, la telaraña nacional no se ha creado automáticamente, sino que ha ido tejiéndose en la medida en que se desarrolla la infraestructura y se articula una cultura informática. 

Aún así, ese proceso se ha producido de manera vertiginosa en Cuba. Los datos son abrumadores. Hoy  el 65 por ciento de los 270 000 procesadores están interconectados y existen 480 000 cuentas de correos, en una población de 11 000 000 de habitantes.
La estrategia que se ha seguido tampoco ha sido la usual. En vez de priorizarse un mercado residencial y empresarial que genera notables dividendos económicos a las compañías de telecomunicaciones y a los proveedores internacionales, el desarrollo intensivo se está produciendo en las redes sociales, en particular en aquellas relacionadas con servicios esenciales como la educación y la salud. Cualquier cubano sabe que todos los niños y jóvenes del país tienen acceso a la computación, incluso los más pequeños que asisten a un círculo infantil o los que viven en zonas apartadas donde hay una escuela para un solo alumno. Ahí hay una inversión de futuro muy clara en las estrategias de desarrollo de Cuba.

Esta nueva campaña de tergiversaciones y mentiras, que se desató tras una carta interna a usuarios de un proveedor local, ha ignorado deliberadamente que no solo los accesos son cada vez más multitudinarios, a pesar de los altos costos de la conexión internacional, sino que la Internet es prácticamente el soporte más expedito que tiene Cuba para dar sus puntos de vista al mundo. Los medios tradicionales nos censuran brutalmente, y la red parece estar hecha a la medida de una nación como Cuba, el único país realmente alternativo del hemisferio occidental. El conocimiento y el acceso a la red no solo no es tema de restricción, sino que es un reto tecnológico y social  de máxima prioridad política.

Al contrario de lo que dice la nueva oleada de calumnias que ha sobredimensionado lo que solo fue una medida interna para proteger y dar mayor seguridad a las redes informáticas, las regulaciones cubanas pretender disuadir a delincuentes que se dedican a sabotear el destino social de la red, robando y revendiendo accesos a través de las líneas telefónicas y utilizando fraudulentamente este servicio.

No va contra el acceso mayoritario, sino a favor de él.